Manifiesto en defensa de los pequeños municipios y el futuro del medio rural

Se exige al Gobierno de España que impulse, en el ámbito estatal, un marco de medidas inspirado en las políticas desarrolladas por Castilla-La Mancha, y particularmente en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, adaptándolo a las diferentes realidades territoriales existentes en España.

La Ley Estatal Frente a la Despoblación deberá combinar medidas económicas, sociales, fiscales, territoriales y de planificación destinadas a garantizar que las personas que residen en el medio rural puedan acceder a servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.

Se insta al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover y aprobar una Ley del Pequeño Municipio de España que reconozca expresamente la singularidad administrativa, financiera, competencial y organizativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes, estableciendo un régimen jurídico adaptado a sus especiales circunstancias.

La norma deberá establecer un marco estable de medidas destinadas a combatir la despoblación y favorecer la implantación y permanencia de empresas y actividades económicas.

Se considera prioritario garantizar la continuidad y suficiencia financiera de los instrumentos europeos destinados al desarrollo rural y, en particular, del programa LEADER, como mecanismo de apoyo a la diversificación económica, el emprendimiento, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural. Por ello, reclamamos que se mantenga una reserva mínima obligatoria del 5 % de los recursos financieros que se destinan al desarrollo rural para LEADER y el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC.

Asimismo, pedimos que se mantenga y refuerce el papel de los Grupos de Desarrollo Rural como estructuras territoriales responsables de la aplicación de LEADER, por su implantación en el territorio, su conocimiento directo de las necesidades locales y su capacidad para identificar oportunidades y desarrollar estrategias adaptadas a cada comarca.

Se insta al Gobierno de España a establecer un régimen fiscal específico para los municipios de menos de 5.000 habitantes y aquellos afectados por procesos de despoblación, que incluya bonificaciones fiscales reforzadas y medidas tributarias específicas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y determinadas tasas municipales.

Estas medidas deberán vincularse preferentemente a la existencia de actividad económica efectiva y creación o mantenimiento de empleo en el municipio, evitando que el mero establecimiento del domicilio social constituya por sí mismo el elemento determinante del beneficio fiscal.

Se propone una deducción del 25 % de la cuota íntegra estatal del IRPF para las personas que residen en el medio rural y diez puntos de reducción en el Impuesto de Sociedades. Asimismo, se insta a la aplicación de un IVA al 0 % en los productos de primera necesidad y de un 7 % del resto.

También se solicita a las Administraciones Públicas que establezcan entre las diferentes carreras profesionales un complemento económico del 25 % del salario por fijar la residencia de los empleados públicos en municipios rurales, entidades locales menores y pedanías, además de que vivir en el entorno rural se refleje como mérito en el baremo de los concursos o concurso-oposición.

Se reclama un sistema de financiación local y autonómica adecuada al coste efectivo de los servicios públicos que deben prestar los municipios de menos de 5.000 habitantes y las comunidades autónomas. El modelo de financiación deberá incorporar factores como la dispersión territorial, la baja densidad de población y la distancia respecto de los principales núcleos urbanos y centros de referencia, entre otros.

Se considera necesario revisar y, en su caso, modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objeto de ampliar las posibilidades de actuación de estos municipios y establecer mecanismos específicos para aquellos afectados por procesos de despoblación.

La dimensión administrativa de los municipios de menos de 5.000 habitantes no puede constituir un obstáculo para el adecuado ejercicio de sus competencias. Por ello, se reclama una revisión del modelo de organización y asistencia administrativa de estos municipios, incluyendo la adecuación de las funciones y medios asociados a la Secretaría-Intervención y el refuerzo de los servicios de asistencia técnica y jurídica.

Asimismo, deberán establecerse procedimientos de contratación pública proporcionados a la capacidad administrativa y económica de las pequeñas entidades locales. También deberán habilitarse mecanismos de financiación y asistencia técnica específicos para sufragar los costes administrativos y profesionales asociados a la contratación pública, facilitando al mismo tiempo la participación de las pequeñas empresas y autónomos del territorio.

Se reclama la adaptación de la legislación urbanística, territorial y de vivienda, tanto estatal como autonómica dentro del ámbito competencial correspondiente, a las especiales características de los municipios de menos de 5.000 habitantes, entidades locales menores y pedanías.

Deberán promoverse procedimientos administrativos ágiles, proporcionados y adecuados a la dimensión de los proyectos, especialmente en la recuperación de edificios, reutilización de inmuebles, implantación de actividades económicas y desarrollo de nuevos proyectos.

El acceso a una vivienda adecuada constituye una condición necesaria para garantizar el arraigo y la incorporación de población al medio rural. Por ello, se reclama una política específica de vivienda rural que permita movilizar vivienda vacía, rehabilitar el parque residencial existente, favorecer el alquiler y la adquisición de vivienda y facilitar la construcción de nuevas viviendas cuando exista demanda y disponibilidad de suelo.

El medio rural debe ser considerado un espacio adecuado para la actividad empresarial, el emprendimiento, la innovación y la generación de empleo. Para ello, se reclama el establecimiento de instrumentos específicos de financiación, incentivos fiscales, asesoramiento técnico, disponibilidad de suelo y espacios para actividades económicas, conectividad y simplificación administrativa.

Solicitamos que se apliquen bonificaciones del 50 % en la cuota de los autónomos rurales y en la cotización de pymes de entornos rurales. En ambos casos se producen unos gastos extras como el mayor coste de transporte, menor disponibilidad de materias primas o carencia de mano de obra cualificada.

Asimismo, se propone el reconocimiento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la industria agroalimentaria como sectores estratégicos para la sostenibilidad económica y social del medio rural. Es importante impulsar medidas legislativas, económicas y administrativas para favorecer el relevo generacional y promover la modernización y competitividad de las explotaciones y empresas.

El agua es esencial para fijar población, producir alimentos, generar oportunidades y mantener vivos nuestros pueblos. Por eso, reclamamos al Gobierno de España que priorice políticas hidráulicas que permitan seguir teniendo agua almacenada y garanticen la disponibilidad y el abastecimiento en el medio rural a través de una gestión más justa, sostenible y equilibrada.

El medio rural también desempeña un papel relevante en el proceso de transición energética y en la implantación de instalaciones destinadas a la generación de energías renovables. Esta contribución debe traducirse en retornos económicos, sociales y territoriales efectivos para los municipios productores y para sus vecinos, mediante mecanismos que favorezcan la generación de actividad, empleo, inversión y recursos destinados al desarrollo local.

Asimismo, se reclama garantizar un suministro energético suficiente, estable y de calidad para la población y las empresas del medio rural, así como unas infraestructuras adecuadas a las necesidades presentes y futuras del territorio.

Ante un suministro rural, un recibo rural. Es de justicia un bono del 25 % sobre la potencia instalada y la energía consumida, de igual aplicación para los operadores de telefonía.

Se reclama que las Administraciones Públicas garanticen una conectividad digital de calidad y una red de movilidad adecuada que permita a la población rural acceder al empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la administración y el resto de los servicios esenciales.

La digitalización no podrá convertirse en un mecanismo de sustitución de aquellos servicios presenciales que resulten necesarios para garantizar una atención adecuada a la población.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes, las entidades locales menores y las pedanías no se sostienen únicamente sobre su población empadronada. Existe una población vinculada (personas que emigraron, descendientes y familias que regresan en vacaciones, fines de semana o festividades) cuya presencia tiene un impacto directo en los servicios, la economía y la cohesión social, pero que no se tiene en cuenta en los sistemas de financiación vigentes.

El II Foro de Desarrollo Rural propone reconocer y contabilizar esta población mediante un indicador oficial que tenga efectos en la financiación local y autonómica. Además, propone fomentar fórmulas de compromiso activo de los habitantes con vinculación respecto a su municipio de origen, a través de iniciativas como el apadrinamiento de patrimonio agrario y natural, fondos municipales de corresponsabilidad, micromecenazgo o voluntariado. Asimismo, plantea incorporar a los modelos de financiación regional y estatal la población vinculada y reconocer jurídicamente esta figura en una futura Ley del Pequeño Municipio.

Se acuerda impulsar la creación de la Federación Española de Municipios de menos de 5.000 habitantes (FEPM) que constituya un instrumento común de representación, interlocución y defensa de los intereses de las pequeñas entidades locales, las EATIM y las pedanías, ante la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y demás instituciones públicas.